Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Social, Sentencia de 11 Julio de 2013

Texto
Sentencia número 340/2013
MAGISTRADOS ILMOS. Sres:
D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ
D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT
D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE
En Zaragoza, a once de julio de dos mil trece.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta
SENTENCIA
En el proceso número 301 de 2013 seguidos en instancia única ante esta Sala, en virtud de demanda de conflicto colectivo, presentada por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de ARAGÓN integrada en la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT), la CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES Y SINDICAL DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF) contra ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE.
ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.- El 5 de junio de dos mil trece tuvo entrada en la Secretaría de esta Sala demanda de conflicto colectivo, en la que se exponían los hechos y fundamentos de derecho que en la misma constan, terminando con la súplica de que se dictara sentencia en la que como cuestión previa: Que "...se admita y se plantee, por parte de la Sala ante la que nos dirigimos, la cuestión de inconstitucionalidad denunciada en la presente demanda, en relación con la conducta llevada a cabo por la demandada" basada en la legislación que se cita. Como pretensión principal: Que "...se revoque, anule y deje sin efecto la práctica llevada a cabo por la demandada consistente en el no abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 y se reconozca a los trabajadores afectados por la presente demanda de conflicto colectivo, el derecho a la percepción de dicha paga extraordinaria". Y subsidiariamente: Que "...se reconozca a los trabajadores afectados por la presente demanda de conflicto colectivo, el derecho a la percepción de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 por el periodo de 1 de junio al 14 de julio de 2012". 
SEGUNDO.- Se señaló para la celebración del acto de conciliación y la vista para el día 9 de julio 2013, con citación de las partes. En cuyos actos, celebrados en la fecha indicada, han comparecido, las demandantes FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS de ARAGÓN integrada en la (UGT), representada por la letrado Dª. Elena Peña Pascual, la CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES Y SINDICAL DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF), representada por el letrado D. Francisco-Javier Monforte Francia, y la demandada ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS representada por la Letrada de la Comunidad Autónoma Dª Mercedes Tesa Almúdevar. En el mencionado acto las demandantes ratificaron su demanda oponiéndose la demandada. Practicándose la prueba solicitada y concluyendo las partes en sentido de reiterar sus pedimentos la demandante y oponiéndose la parte adversa. 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (LA LEY 12543/2012), de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece en su art. 2 : 
"1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado , verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes. 
2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas: (...)
2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación.
La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (...)".
SEGUNDO.- Aragonesa de Servicios Telemáticos no ha abonado a sus trabajadores la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Los trabajadores de esta entidad de derecho público prestan servicios en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
1. Razonamiento fáctico
PRIMERO .-  En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) (en adelante LRJS (LA LEY 19110/2011)) debe indicarse que la controversia litigiosa es exclusivamente jurídico-sustantiva: se discute la licitud de la falta de abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 por parte de la entidad de derecho público denominada Aragonesa de Servicios Telemáticos, debida a la aplicación del art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) , existiendo conformidad de ambas partes procesales respecto de los hechos sustentadores de la "causa petendi": la falta de abono de la paga extraordinaria a estos trabajadores por la aplicación del citado real decreto-ley. 
2. Cuestión de inconstitucionalidad
SEGUNDO .-  La parte actora solicita en primer lugar que por esta Sala se eleve cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional argumentando, en síntesis, que se han vulnerado 1) el art. 86.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) (en adelante CE) porque no concurre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita para el dictado de reales decretos-leyes; 2) el art. 134 CE (LA LEY 2500/1978) puesto que el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) revoca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 (LA LEY 11690/2012) (en adelante LPGE) en cuanto al precepto legal que prevé el abono de dos pagas extraordinarias al año; 3) los arts. 37.1 (LA LEY 2500/1978) y 28.1 CE debido a que se ha vulnerado lo dispuesto en el convenio colectivo estatutario aplicable; y 4) los arts. 9 (LA LEY 2500/1978) , 14 (LA LEY 2500/1978) , 31.1 (LA LEY 2500/1978) , 33.3 (LA LEY 2500/1978) y 133.1 CE (LA LEY 2500/1978) , relativos a la seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales, porque se ha expropiado el derecho de estos trabajadores a percibir la paga extraordinaria, vulnerando el art. 33 CE (LA LEY 2500/1978) ; se ha creado de forma camuflada un nuevo impuesto sin haberse dictado una ley, como exige el art. 133 CE (LA LEY 2500/1978) ; y se ha violado el principio de igualdad, al aplicarse la reducción salarial solo al personal del sector público y no a toda la población. 
TERCERO .- Extraordinaria y urgente necesidad 
La sentencia del Tribunal Constitucional 39/2013, de 14 febrero (LA LEY 11236/2013) , F. 5, con cita de las sentencias nº 68/2007 (LA LEY 6819/2007), de 28 de marzo ; 31/2011 (LA LEY 6058/2011), de 17 de marzo ; 137/2011, de 14 de septiembre (LA LEY 183608/2011) ; y 1/2012 (LA LEY 4510/2012), de 13 de enero , entre otras, examina el alcance que tiene la extraordinaria y urgente necesidad que habilita para el dictado de los reales decretos-leyes, argumentando que "tras reconocer el peso que en la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad ha de concederse «al juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado» (...) «la necesaria conexión entre la facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante» conduce a que el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que se contiene en la Constitución no sea, en modo alguno, «una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-Leyes» (...) «el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada» y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de un decreto-Ley por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución ( SSTC 11/2002, de 17 de enero (LA LEY 1728/2002), F. 4 ; y137/2003 (LA LEY 2601/2003), de 3 de julio , F. 3). Ahora bien, como también hemos afirmado, «es claro que el ejercicio de la potestad de control que compete a este Tribunal implica que la definición por los órganos políticos de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» sea explícita y razonada, y que exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-Ley se adoptan ( STC 29/1982, de 31 de mayo (LA LEY 13612-JF/0000), F. 3), de manera que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» ( STC 182/1997, de 28 de octubre (LA LEY 778/1998), F. 3). Ello quiere decir que la definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad no ha de contenerse siempre en el propio real decreto-Ley, sino que tal presupuesto puede ser deducido igualmente de una pluralidad de elementos (...) que son, básicamente, «los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma» ( SSTC 29/1982, de 31 de mayo (LA LEY 13612-JF/0000), F. 4 ;182/1997, de 28 de octubre (LA LEY 778/1998), F. 4 ;11/2002 (LA LEY 1728/2002), de 17 de enero, F. 4 ; y137/2003 (LA LEY 2601/2003), de 3 de julio , F. 3), debiendo siempre tenerse presentes «las situaciones concretas y los objetivos gubernamentales que han dado lugar a la aprobación de cada uno de los Decretos-Leyes enjuiciados» ( SSTC 6/1983 (LA LEY 126-TC/1983), de 4 de febrero, F. 5 ;182/1997, de 28 de octubre (LA LEY 778/1998), F. 3 ;11/2002 (LA LEY 1728/2002), de 17 de enero, F. 4 ; y137/2003 (LA LEY 2601/2003), de 3 de julio , F. 3). Este Tribunal ha señalado asimismo que «la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación» ( STC 1/2012, de 13 de enero (LA LEY 4510/2012), F. 6), pues «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran» ( SSTC 11/2002, de 17 de enero (LA LEY 1728/2002), F. 6 ; y68/2007 (LA LEY 6819/2007), de 28 de marzo , F. 8) (...) la perspectiva desde la que ha de examinarse la concurrencia del presupuesto habilitante delart. 86.1 CE (LA LEY 2500/1978)es «la del momento en que se aprueba el correspondiente decreto-Ley, de manera que el presupuesto de la validez de dicha norma no queda alterado por datos o circunstancias posteriores que pudieran cuestionar la apreciación de la urgencia o de la necesidad afirmadas en aquel momento» ( STC 1/2012, de 13 de enero (LA LEY 4510/2012), F. 6)".
CUARTO .-  El Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad de la reducción salarial de los empleados públicos llevada a cabo mediante real decreto-ley. El auto del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 246/2012, de 18 diciembre , con cita de los autos nº 85/2011, de 7 de julio ; 179/2011 y 180/2011, de 13 de diciembre ; y 35/2012, de 14 de febrero , inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad elevada respecto del art. 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo (LA LEY 10524/2010) (que redujo un 5 por 100 el conjunto de retribuciones de todo el sector público) y el art. 1 de la Ley 5/2010, de 24 de junio, de la Comunidad Autónoma de Aragón (que redujo las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón). El Tribunal Constitucional argumentó que concurría la extraordinaria y urgente necesidad habilitante del real decreto-ley, explicando que «el Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010) satisface cumplidamente las exigencias establecidas por la doctrina constitucional en relación con la concurrencia del presupuesto habilitante delart. 86.1 CE (LA LEY 2500/1978), tanto en lo que se refiere a los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación y explicitados de una forma razonada en la exposición de motivos de la norma, como en lo relativo a la existencia de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas concretas adoptadas para subvenir a la misma" (...) "se ha cumplido por el Gobierno la exigencia de explicitar y razonar de forma suficiente la existencia de una situación de 'extraordinaria y urgente necesidad' que justifica la necesidad de dictar el Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010); y, asimismo, que resulta igualmente acreditada la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas que en el decreto-Ley se adoptan, de manera que estas últimas guardan una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar ( STC 29/1982, de 31 de mayo (LA LEY 13612-JF/0000), F. 3; 182/1997 (LA LEY 778/1998), de 20 de octubre , F. 3; y 137/2003 (LA LEY 2601/2003), de 3 de julio , F. 4)».
QUINTO .-  Con carácter previo esta Sala debe indicar que la negativa a elevar cuestión de inconstitucionalidad no excluye el ulterior control por el Tribunal Constitucional de si concurre la extraordinaria y urgente necesidad que habilita para el dictado de un real decreto-ley, articulado mediante la interposición del recurso de amparo contra la resolución judicial que ponga fin a esta vía jurisdiccional, lo que permite que, al reconocer esta Sala a los trabajadores el derecho a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente a los días trabajados hasta el 14 de julio de 2012, el día anterior a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012), éstos perciban las retribuciones a las que tienen derecho, evitando la importante demora en su cobro que se derivaría necesariamente del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. 
Sentado lo anterior, a juicio de este Tribunal concurre el citado presupuesto habilitante. Es notorio que a mediados del año 2012 España atravesaba una situación económica crítica, con un aumento de la prima de riesgo que dificultaba y encarecía la financiación del Reino de España, produciéndose un importante incremento de las necesidades de capitalización de la banca española. Y la exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) argumenta prolijamente por qué concurre esta situación de extraordinaria y urgente necesidad, mencionando la existencia de desequilibrios macroeconómicos insostenibles que impiden el crecimiento económico, causando una recaída reciente de la economía, con "gran virulencia y consecuencias graves de destrucción de empleo. Durante los dos primeros trimestres del presente año la actividad económica profundizó su deterioro y las perspectivas para la segunda mitad del año no serán mejores si no se adoptan medidas urgentes. A los desequilibrios pendientes de resolver en la economía española se ha unido en esta ocasión una crisis de confianza de los mercados financieros, a la que no son ajenos distintos problemas institucionales de la zona euro. La consecuencia más inmediata de esta inestabilidad en los mercados ha sido un fuerte endurecimiento de las condiciones de financiación de los agentes privados. Fundamental en la superación de esta situación será no solamente el diseño de una estrategia de política económica que contenga los elementos adecuados en el presente contexto, sino también su articulación a medio plazo de un modo verosímil y capaz de concitar la credibilidad de los mercados financieros (...) La mencionada estrategia pivota principalmente sobre dos ejes: la consolidación fiscal y el impulso de nuevas reformas estructurales. Las medidas de ajuste fiscal son imprescindibles en este momento (...) Además, resultan necesarias para recuperar la confianza y el crédito de las Administraciones Públicas (...) La actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales, hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea. El Gobierno ya ha adoptado medidas de contención de gastos de personal (...) En la actualidad, el proceso de consolidación fiscal y de sostenibilidad de las cuentas públicas exige de las Administraciones Públicas continuar adaptando una serie de medidas extraordinarias y cuya adopción debe ser urgente, dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal de las Administraciones Públicas y a incrementar la eficiencia de su gestión (...) Se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre".
Es cierto que la LPGE para 2012 (LA LEY 11690/2012) se publicó en el BOE de 30-6-2012 y que el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) entró en vigor el 15-7-2012: la demora en la aprobación de la primera norma legal hizo que la segunda entrase en vigor quince días después. Pero como explica el Tribunal Constitucional, "la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación (...) lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran" ( sentencia del Tribunal Constitucional nº 39/2013, de 14 febrero (LA LEY 11236/2013) , F. 5). La notoria crisis económica y el incremento de la prima de riesgo, que obligaron a tomar medidas de consolidación fiscal, en aras a evitar males mayores, unidas a la prolija argumentación contenida en el real decreto-ley respecto de la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificaba esta medida, obligan a esta Sala a concluir que no se ha acreditado que el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) carezca del presupuesto habilitante previsto en el art. 86.1 de la CE (LA LEY 2500/1978) , constando cuáles fueron los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobación, que aparecen explicitados de una forma razonada en la exposición de motivos de la norma, existiendo una conexión entre esta situación de urgencia y las medidas concretas adoptadas para subvenir a la misma: la reducción de las retribuciones de los empleados públicos en aras a conseguir la consolidación fiscal que permitiera el acceso al crédito por parte del Reino de España, por lo que no procede elevar cuestión de inconstitucionalidad por este motivo. 
SEXTO .- Presupuestos Generales del Estado 
El art. 134 CE (LA LEY 2500/1978) establece que corresponde a las Cortes Generales el examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La parte actora argumenta, en esencia, que el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) vulnera el art. 134 CE (LA LEY 2500/1978) y la LPGE (LA LEY 11690/2012) del año 2012 porque ésta prevé al abono de pagas extraordinarias en esta anualidad y la norma presupuestaria se deja sin efecto por una norma que no tiene el rango de ley ordinaria. 
El citado auto del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 246/2012, de 18 diciembre , examina asimismo si la reducción salarial de empleados públicos establecida por un real decreto-ley vulnera el art. 134 CE (LA LEY 2500/1978) , argumentando: 
«Un segundo núcleo de materias controvertidas tienen que ver con la vulneración delart. 134 CE (LA LEY 2500/1978), en cuanto se denuncia por parte del promotor de la cuestión que la norma impugnada incide en un ámbito material reservado a la Ley de presupuestos y por cuanto, además, se ha creado un tributo lo que, a su vez, está vedado a las Leyes presupuestarias.
Pues bien, en relación con ello, este Tribunal ha mantenido que ambas infracciones han de descartarse (...) la norma cuestionada no invade materia reservada a la Ley de presupuestos generales del Estado (...) "[e]ste Tribunal tiene declarado que 'puede hablarse en propiedad de la existencia en la Constitución de una reserva de un contenido de Ley de presupuestos' ( STC 3/2003, de 16 de enero (LA LEY 669/2003), F. 4), en la medida que la Constitución atribuye a una Ley específica la regulación de los presupuestos generales del Estado ( art. 134). De suerte que 'la Constitución y las Leyes que integran el bloque de la constitucionalidad establecen una reserva material de la Ley de presupuestos -la previsión de ingresos y autorizaciones de gastos para un año-, reserva que, aun cuando no excluye que otras normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizados en dicha Ley, sí impide una modificación de la misma que no obedezca a circunstancias excepcionales' ( STC 3/2003 , F. 9), doctrina que reitera la STC 136/2011, de 13 de septiembre (LA LEY 184290/2011), F. 4". Y esas circunstancias excepcionales concurren, efectivamente, de manera especialmente intensa en el caso ahora considerado, "por lo que la utilización del instrumento normativo del decreto-Ley para la modificación que se cuestiona de la Ley 26/2009 (LA LEY 23354/2009), de presupuestos generales del Estado para 2010, no plantea objeción constitucional desde la perspectiva de la reserva material de la Ley de presupuestos". Por otra parte, la reserva de Ley ordinaria no significa que quede prohibida toda intervención normativa por medio de decreto-Ley, pues si así fuera carecerían de sentido los límites formales y materiales que respecto de los decretos-Leyes se establecen en elart. 86 CE (LA LEY 2500/1978)».
SÉPTIMO .-  Por consiguiente, la reserva material de la ley de presupuestos no excluye que otras normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizados en dicha ley, siempre que concurran circunstancias excepcionales. La garantía constitucional establecida en el art. 134 de la Carta Magna , consistente en que corresponde a las Cortes Generales el examen, enmienda y aprobación de la LPGE (LA LEY 11690/2012), no impide que pueda dejarse sin efecto una concreta disposición de la misma cuando concurre una situación de extraordinaria y urgente necesidad, como ha sucedido con el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012), al existir una situación económica crítica de España que motivó la realización de un esfuerzo de consolidación fiscal, incluyendo en él la supresión del abono de una de las pagas extras a los empleados públicos, por lo que debe rechazarse la pretensión de que se eleve cuestión de inconstitucional por este motivo. 
OCTAVO .- Primacía de la ley sobre el convenio colectivo 
La parte demandante sostiene, en síntesis, que el convenio colectivo estatutario aplicable prevé el abono de la paga extra de diciembre, no siendo dable que un real decreto-ley deje sin efecto la citada norma colectiva porque ello vulneraría los arts. 37.1 (LA LEY 2500/1978) y 28 CE . 
La sentencia del Tribunal Constitucional 62/2001, de 1 marzo , F. 3, argumentó: "El principio de jerarquía normativa reconocido en elart. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)impide que los incrementos retributivos alcanzados mediante pacto o convenio prevalezcan sobre las concretas determinaciones contenidas en normas con rango de ley, y así este Tribunal en su STC 210/1990, de 20 de diciembre (LA LEY 1613-TC/1991), estableció, con cita de las SSTC 58/1985, de 30 de abril (LA LEY 422-TC/1985),177/1988, de 10 de octubre (LA LEY 1105-TC/1989), y171/1989, de 19 de octubre (LA LEY 127434-NS/0000), que el convenio colectivo ha de adecuarse a lo previsto en las leyes, de tal modo que: «Elart. 37.1 CE (LA LEY 2500/1978)ni por sí mismo ni en conexión con elart. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)puede oponerse o impedir la producción de efectos de las leyes en la fecha dispuesta por las mismas. Es el convenio el que debe respetar y someterse a la Ley y a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario, siendo constitucionalmente inaceptable que una Ley no pueda entrar en vigor en la fecha dispuesta por el legislador»".
La reciente sentencia del TS de 26 marzo 2013 (LA LEY 36151/2013), recurso 183/2011 , examina la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo (LA LEY 10524/2010), que redujo las retribuciones del sector público, explicando: «Conviene destacar que ya el Tribunal Constitucional en Pleno en su Auto 85/2011, de 7 de junio , dictado en un supuesto similar al que nos ocupa, ha resuelto las cuestiones aquí suscitadas inadmitiendo las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas (...) La inexistencia de infracción de los artículos 28-1 , 37-1 y 86 de la Constitución la ha basado nuestro más cualificado intérprete constitucional en que el R.D.L. 8/2010 no regula el régimen general del derecho a la negociación colectiva, ni la fuerza vinculante de los convenios, aparte que como tiene declarado ese Tribunal es el Convenio Colectivo el que debe someterse a las leyes y normas de mayor rango jerárquico y no al revés, porque así lo impone el principio de jerarquía normativa, argumentos que el citado Auto de 7 de junio de 2011 desarrolla diciendo: "El derecho a la negociación colectiva se reconoce en elart. 37.1 CE (LA LEY 2500/1978), precepto ubicado en la sección segunda, que lleva por rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos»; del capítulo II, intitulado «Derechos y libertades», del título primero de la Constitución, que tiene por denominación «De los derechos y deberes fundamentales». Dispone aquel precepto que «[L]a ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios». No obstante el doble mandato que el tenor delart. 37.1 CE (LA LEY 2500/1978)dirige a la ley de garantizar el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos, este Tribunal ha declarado que esa facultad que poseen los representantes de los trabajadores y empresarios (art. 37.1 CE (LA LEY 2500/1978)) de regular sus intereses recíprocos mediante la negociación colectiva «es una facultad no derivada de la ley, sino propia que encuentra expresión jurídica en el texto constitucional», así como que la fuerza vinculante de los convenios «emana de la Constitución, que garantiza con carácter vinculante los convenios, al tiempo que ordena garantizarla de manera imperativa al legislador ordinario» ( STC 58/1985, de 30 de abril (LA LEY 422-TC/1985), FJ 3).".
"Los preceptos legales cuestionados, en la redacción que les ha dado elart. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo (LA LEY 10524/2010), no regulan el régimen general del derecho a la negociación colectiva reconocido en elart. 37.1 CE (LA LEY 2500/1978), ni nada disponen sobre la fuerza vinculante de los convenios colectivos en general, ni, en particular, sobre los directamente por aquellos concernidos, que mantienen la fuerza vinculante propia de este tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes".
"Abstracción hecha de que la intangibilidad o inalterabilidad no puede identificarse, ni, en consecuencia, confundirse, como se hace en el Auto de planteamiento de la cuestión, con la fuerza vinculante del convenio colectivo, lo cierto es que, como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, delart. 37.1 CE (LA LEY 2500/1978)no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de una norma sobrevenida ( STC 210/1990, de 20 de diciembre (LA LEY 1613-TC/1991), FFJJ 2 y 3), insistiendo el Tribunal en el contexto de esta declaración, en que, en virtud del principio de jerarquía normativa, es el convenio colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario (ibídem; en el mismo sentido, SSTC 177/1988, de 10 de octubre (LA LEY 1105-TC/1989), FJ 4 ;171/1989, de 19 de octubre (LA LEY 127434-NS/0000), FJ 2 ; 92/1994, de 21 de marzo (LA LEY 2544-TC/1994), FJ 2 ; y62/2001 (LA LEY 3233/2001), de 1 de marzo , FJ 3; ATribunal Constitucional 34/2005, de 31 de enero, FJ 5)".
"Así pues, los preceptos legales cuestionados no suponen una «afectación» en el sentido constitucional del término, del derecho a la negociación colectiva reconocido en elart. 37.1 CE (LA LEY 2500/1978), en cuanto ni regulan el régimen general de dicho derecho, ni la intangibilidad del convenio colectivo se configura como uno de sus elementos esenciales, por lo que no han franqueado el límite material que al decreto-ley impone elart. 86.1 CE (LA LEY 2500/1978)de no afectar a los derechos, deberes y libertades del título ICE».
En el mismo sentido pueden citarse las sentencias del TS de 31 de enero de 2012 (LA LEY 24829/2012), recurso 184/2010 ; 14 de marzo de 2012, recurso 112/2011 ; 23 de abril de 2012 (LA LEY 57634/2012), recurso 186/2011 ; 24 de abril de 2012 (LA LEY 51660/2012), recurso 60/2011 ; 30 de abril de 2012, recursos 180/2011 y 187/2011 ; 15 de mayo de 2012 (LA LEY 79317/2012), recurso 206/2011 ; 19 de junio de 2012 (LA LEY 105038/2012), recurso 129/2011 ; 12 de febrero de 2013 (LA LEY 9664/2013), recurso 263/2011 y 15 marzo 2013 (LA LEY 26930/2013), recurso 69/2012 . Y la doctrina del auto del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 85/2011 , ha sido reiterada por los autos del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 193/2012, de 17 octubre y 205/2012, de 30 octubre . 
La aplicación de la citada doctrina constitucional y jurisprudencial, que sanciona la prevalencia de la ley sobre el convenio colectivo, obliga a rechazar nuevamente el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad con esta base.
NOVENO .- Seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad e irretroactividad 
La parte demandante sostiene que se vulneran los arts. 9 (LA LEY 2500/1978) , 14 (LA LEY 2500/1978) , 31.1 (LA LEY 2500/1978) , 33.3 (LA LEY 2500/1978) y 133.1 CE (LA LEY 2500/1978) , invocando los principios de seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de los derechos individuales, argumentando 1) que se ha expropiado el derecho de estos trabajadores a percibir la paga extraordinaria, vulnerando el art. 33 CE (LA LEY 2500/1978) , sosteniendo que tiene carácter confiscatorio; 2) que se ha creado de forma camuflada un nuevo impuesto sin haberse dictado una ley, como exige el art. 133 CE (LA LEY 2500/1978) ; y 3) que se vulnera el principio de igualdad, al aplicarse solo al personal del sector público y no a toda la población. 
A juicio de esta Sala hay que diferenciar: a) la supresión de la paga extraordinaria que ya se había devengado en el momento de entrar en vigor el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012); y b) la supresión de la paga extra que no se había devengado.
a)Parte de la paga extraordinaria devengada
DÉCIMO .-  El Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) entró en vigor el 15 de julio de 2012. El VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 95, de 18-8-2006), establece en su art. 6.3.3 : 
"Pagas Extraordinarias: Los trabajadores tendrán derecho a la percepción de dos pagas extraordinarias, que habrán de abonarse una en el mes de junio, y la otra en el de diciembre de cada año, ambas por la cuantía resultante de dividir en catorce pagas el salario bruto establecido anualmente por Acuerdo de Consejo de Gobierno más la antigüedad. El devengo se producirá el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y los derechos del trabajador en dicha fecha.
A los trabajadores que ingresen o cesen en el transcurso del año se les abonarán las gratificaciones extraordinarias prorrateando su importe en relación al tiempo de servicio prestado dentro del semestre".
Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que las pagas extraordinarias "son salario diferido devengado día a día cuyo vencimiento tiene lugar, salvo pacto en contrario, en festividades o épocas señaladas" (por todas, sentencias del TS de 21 de abril de 2010 (LA LEY 93579/2010), recurso 479/2009 ; 25 octubre 2010 (LA LEY 195233/2010), recurso 1052/2010 y 30 enero 2012, recurso 260/2011 ). 
Ello supone que cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012), se había devengado la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre correspondiente al periodo del 1 de junio al 14 de julio de 2012. Los trabajadores cesados, en su caso, en el periodo citado, tenían derecho a percibir en la liquidación salarial el importe correspondiente a la parte proporcional de esta paga extra porque se había devengado. El hecho de que con posterioridad a su cese laboral se aprobase el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) no supone que estos trabajadores cesados tengan que devolver cantidad alguna porque se ha incorporado a su patrimonio. Y no cabe hacer de peor derecho a los trabajadores que no cesaron en este lapso temporal que a aquéllos porque en la fecha de entrada en vigor de esta norma legal ya habían devengado esta parte proporcional de la paga extra, de la que no pueden ser privados, so pena de vulnerar el art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) . 
UNDÉCIMO .-  El auto de la Audiencia Nacional nº 16/2013, de 1 marzo (LA LEY 6629/2013) , eleva cuestión de inconstitucional contra el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) porque sostiene que «el legislador es plenamente consciente de la posibilidad de que haya comenzado a devengarse la paga extraordinaria cuya percepción suprime, puesto que indica expresamente que la medida afecta a cuantías "que corresponda percibir", en tiempo verbal no condicional, admitiendo así que el derecho ya se ha generado, no obstante lo cual cierra la puerta a su abono. Y, en cualquier caso, es absolutamente contundente cuando, sin matiz alguno, expresa que el personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de paga extraordinaria de diciembre de 2012. Desde esta perspectiva, que es la literalmente ofrecida por el legislador, no es posible interpretar el art. 2 del Real Decreto-Ley considerando que cabe abonar aquella parte de la paga extraordinaria de diciembre que ya se hubiera devengado a la fecha de entrada en vigor de la norma con rango de ley. Semejante lectura se aparta de la dicción legal, que es meridianamente clara y rotunda» . En esencia, la cuestión de inconstitucionalidad se sustenta en la convicción de que no es dable una interpretación del art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) que permita el abono de la parte proporcional de la paga extra correspondiente a los días efectivamente trabajados hasta su entrada en vigor el 15 de julio de 2012. La consecuencia de ello es que el cobro, en su caso, por parte de los trabajadores de esta cantidad se demorará hasta que el Tribunal Constitucional resuelva esta cuestión de inconstitucionalidad, previsiblemente cuando haya transcurrido un prolongado lapso de tiempo. 
DUODÉCIMO .-  Por el contrario, las sentencias del TSJ de Madrid, Sección 5º, nº 1133/2012, de 14 de diciembre ; nº 244/2013, de 15 de marzo y nº 351/2013, de 22 de abril , así como del TSJ de Murcia nº 588/2013, de 3 de junio , rechazan el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad contra esta norma y condenan al abono de la parte proporcional de estas pagas extraordinarias. Por su parte, las sentencias de la Audiencia Nacional de 17 de abril de 2013, recurso 71/2013 ; 22 de abril de 2013, recurso 69/2013 ; 30 abril 2013, recurso 87/2013 ; 10 mayo 2013, recurso 110/2013 ; 20 mayo 2013, recurso 123/2013 ; 22 mayo 2013, recurso 109/2013 ; 30 mayo 2013, recurso 132/2013 y 21 junio 2013, recurso 226/2013 , entre otras, desestiman íntegramente sendas demandas impugnando la falta de abono de la paga extra de diciembre por aplicación del Real Decreto-ley 20/2013, rechazando las objeciones de las partes actoras relativas a la inconstitucionalidad de esta norma. 
Este TSJ de Aragón coincide con los pronunciamientos de los TSJ de Madrid y Murcia. El art. 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) establece que "procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional" . No cabe elevar cuestión de inconstitucionalidad cuando es dable alcanzar una interpretación de la norma legal conforme con la CE. 
El art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) es susceptible de una interpretación conforme a la CE (LA LEY 2500/1978), sin forzar su tenor literal. Se trata de una norma jurídica que, como todas, no debe interpretarse aisladamente sino en un contexto normativo. No ofrece duda que esta norma jurídica suprime la paga extraordinaria de diciembre. Pero dicha supresión, interpretada a la luz del art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) , se refiere a la paga extra no devengada. La paga extraordinaria que en el momento de entrar en vigor de la norma ya se ha devengado, formando parte del patrimonio de los trabajadores, pendiente únicamente de ser abonada (salvo respecto de aquellos trabajadores que, por haberse extinguido la relación laboral en el ínterin, ya la han percibido) no resulta afectada por el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012). Esta norma pretende contribuir a la consolidación fiscal disminuyendo la retribución que los trabajadores van a percibir en el futuro, no expropiando los salarios que éstos han devengado ya: el legislador en ningún momento ha pretendido que los trabajadores cuyo contrato se extinguiera antes de su entrada en vigor tuvieran que reintegrar cantidad alguna (la paga extra ya devengada y abonada en la liquidación salarial al extinguirse el contrato de trabajo) sino que se trata de una norma con una clara vocación de proyección "ad futurum", sin afectar a los derechos ya devengados, por lo que debe estimarse la pretensión subsidiaria formulada por los demandantes, sin necesidad de elevar cuestión de inconstitucionalidad por este motivo. 
b) Parte de la paga extraordinaria no devengada
DECIMOTERCERO .-  Respecto de la paga extra que no se había devengado cuando entró en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) (el 15-7-2012), a juicio de esta Sala la supresión de la paga extraordinaria no vulnera los preceptos legales invocados por la parte demandante: arts. 9 (LA LEY 2500/1978) , 14 (LA LEY 2500/1978) , 31.1 (LA LEY 2500/1978) , 33.3 (LA LEY 2500/1978) y 133.1 CE (LA LEY 2500/1978) . 
El mentado auto del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 246/2012, de 18 diciembre , examina los límites materiales de los reales decretos-leyes, rechazando que el Real Decreto-ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010), que redujo las retribuciones de los empleados públicos, vulnerase los arts. 9.3 (LA LEY 2500/1978) , 14 (LA LEY 2500/1978) , 31 (LA LEY 2500/1978) , 33 (LA LEY 2500/1978) , 86.1 (LA LEY 2500/1978) y 134 CE (LA LEY 2500/1978) : 
«En lo que respecta a la denuncia relativa a la transgresión por parte de la norma impugnada de los límites materiales que la Constitución impone al decreto-Ley, más en concreto: «la prohibición de afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I CE (LA LEY 2500/1978) (art. 86.1 CE (LA LEY 2500/1978)), cláusula que no puede ser objeto de interpretación extensiva, pues, como advertíamos en el ATC 179/2011 , F. 7, ello "supondría el vaciamiento de la figura del decreto-Ley, haciéndolo 'inservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el título I de la CE (LA LEY 2500/1978) sin más base interpretativa que el otorgamiento al verbo "afectar" de un contenido literal amplísimo", lo que conduciría "a la inutilidad absoluta del decreto-Ley, pues es difícil imaginar alguno cuyo contenido no afectase a algún derecho comprendido en el título I" CE (LA LEY 2500/1978) ( STC 111/1983, de 2 de diciembre , F. 8)». Por esta razón este Tribunal viene manteniendo en la interpretación del límite material del decreto-Ley una posición equilibrada que evite las concepciones extremas, entendiendo que, lo que le está vedado al decreto-Ley, es «la regulación del "régimen general de los derechos, deberes y libertades del título I CE" o que "vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos" (...) el Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010) no ha franqueado ese límite material, ya que no afecta a los derechos reconocidos en los arts. 14 , 31 y 33.3 CE , por las razones que a continuación se exponen. a) En cuanto a los arts. 14 y 31 CE , su vulneración se argumenta de forma conjunta por el órgano judicial, aduciendo que no se trata de una minoración de retribuciones, sino de una norma tributaria, de una prestación patrimonial de carácter público y progresivo, establecida con arreglo a la capacidad económica de los funcionarios, que encaja en la definición delart. 31 CE (LA LEY 2500/1978), pero que está vedada al real decreto- Ley por los arts. 86.1 y 31.3 CE , resultando, además, discriminatoria tanto por afectar sólo a las rentas del trabajo como por dirigirse únicamente a los empleados públicos, y dentro de éstos, tampoco se desarrolla por igual. Esta duda de constitucionalidad del órgano judicial carece de fundamento, pues, como ya dijimos en el ATribunal Constitucional 179/2011, F. 7 b), la reducción de retribuciones de los empleados públicos impuesta por el Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010) «no configura un tributo encubierto, por cuanto no establece un hecho imponible al que se anude una obligación de contribuir, de acuerdo con el deber constitucional de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, por lo que no cabe considerar que se haya producido lesión alguna de lo dispuesto en elart. 31 CE (LA LEY 2500/1978)». Se trata de una medida dirigida a la contención de los gastos del personal que afecta solamente a la partida de gastos del presupuesto de las Administraciones públicas, mas no a los ingresos. La anterior conclusión hace decaer también la pretendida vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)), articulada sobre la base de que se trata de una norma tributaria. Además, según se señaló en el reiterado ATribunal Constitucional 179/2011, la regulación del Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010) no supone una afectación del derecho a la igualdad ante la Ley, por cuanto no disciplina el régimen general de este derecho ni contradice su contenido esencial, pues las situaciones subjetivas que se traen a comparación no son efectivamente homogéneas o equiparables, ya que el distinto trato retributivo se establece «en función del distinto vínculo entre los empleados públicos y la Administración (funcionarios y personal laboral) o en función de los diferentes grupos o categorías en que se clasifican los funcionarios, así como en el régimen de progresividad que demanda la mayor o menor capacidad económica de los afectados» [F. 7 a)]. b) Asimismo, se ha de rechazar que la regulación cuestionada haya afectado, en el sentido constitucional de la expresión, al derecho de propiedad, por haber anulado -según entiende el órgano judicial proponente- unos derechos económicos reconocidos por la Ley de presupuestos generales del Estado para 2010 (LA LEY 23354/2009), teniendo un alcance expropiatorio. Ya se descartó en el ATribunal Constitucional 179/2011 que el Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010) haya producido una expropiación de derechos económicos de los empleados públicos que contravenga lo dispuesto en elart. 33.3 CE (LA LEY 2500/1978), porque «"la reducción de retribuciones impuesta por elart. 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo (LA LEY 10524/2010), mediante la modificación de los arts. 22 , 24 y 28 de la Ley 26/2009 , de presupuestos generales del Estado para 2010, lo es con efectos de 1 de junio de 2010 respecto de las retribuciones vigentes a 31 de mayo de 2010, esto es, afecta a derechos económicos aún no devengados por corresponder a mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio público y, en consecuencia, no se encuentran incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de derechos adquiridos de los que los funcionarios hayan sido privados sin indemnización (art. 33.3 CE (LA LEY 2500/1978)), ni de una regulación que afecta retroactivamente a derechos ya nacidos. Por la misma razón ... ha de descartarse que la reducción de retribuciones impuesta por elart. 1 del Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010)quiebre el principio de protección de la confianza legítima, en cuanto manifestación del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978))».
DECIMOCUARTO .-  En cuanto a los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica, el auto del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 193/2012, de 17 octubre , inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad elevada respecto de los arts. 26.1 (LA LEY 24209/2009) y 26 bis de la Ley 25/2009, de 23 de diciembre (LA LEY 24209/2009), de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña en la redacción dada por el art. 1.5 (LA LEY 11154/2010) y 6 del Decreto-ley 3/2010, de 29 mayo (LA LEY 11154/2010) (que redujo un 5 por 100 la masa salarial del personal laboral), rechazando que se vulnerasen los citados principios con los argumentos siguientes: 
«Entiende el Magistrado proponente (...) que el ejercicio por la Administración de una potestad hasta ahora inédita para, sin seguir ninguno de los cauces o mecanismos previamente previstos en nuestro Ordenamiento jurídico, desvirtuar el carácter y la naturaleza privada de la relación que le vincula con cada uno de sus trabajadores laborales, rompiendo el equilibrio de partes inherente al contrato de trabajo, puede constituir una manifestación de arbitrariedad prohibida por elart. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)y contraria al principio de seguridad jurídica (...) En relación con ello, conviene precisar, en primer lugar, que lo que el Magistrado proponente cuestiona no es un acto unilateral de la Administración, sino una norma con rango de Ley, cuyo objeto es específicamente el de modificar la regulación preexistente en base a una presupuesto jurídico habilitante de extraordinaria y urgente necesidad sobre el que el propio órgano judicial afirma no tener dudas. Pues bien, como ha señalado el Tribunal en otras ocasiones, al examinar una norma legal impugnada desde el punto de vista de la arbitrariedad, nuestro análisis ha de centrarse en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien si, aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente realizar un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias ( STC 29/2012 , F. 10). Añadiendo que basta con que una norma legal posea una finalidad legítima y racional, y que el medio adoptado no sea discriminatorio, para que quede ahí agotado el enjuiciamiento de su posible arbitrariedad ( STC 135/2012, de 19 de junio (LA LEY 93179/2012), F. 6). O, dicho en otros términos, si la norma de que tratamos no se muestra como desprovista de fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución, entrar en un enjuiciamiento de cual sería su medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador que, aunque pueda ser discutible, no resulta arbitraria ni irracional ( STC 104/2000, de 13 de abril (LA LEY 81975/2000), F. 8).
Señalado lo anterior y descartando de antemano la existencia de una discriminación, que ni siquiera se menciona, no parece que pueda imputarse a la norma cuestionada el carecer de toda explicación racional. Si partimos de la concurrencia de una adversa situación económico-financiera que impone la necesidad de controlar el déficit público, como expresamente asume el propio órgano judicial proponente, no puede tacharse de arbitraria o irracional una norma presupuestaria que tiene por objeto precisamente reducir una de las más importantes partidas del gasto público. La finalidad de reducción del déficit público en el marco de una situación económico-financiera como la considerada es, con toda seguridad, una finalidad legítima, y el instrumento utilizado de la reducción del gasto de personal a través de la minoración de los salarios puede aceptarse sin dificultad como una opción de política legislativa razonablemente dirigida a la consecución del citado objetivo.
Y en lo que se refiere, finalmente, al principio de seguridad jurídica, debemos recordar que tal principio viene a ser la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad. Es decir, la seguridad jurídica entendida como la certeza sobre la normativa jurídica aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho, como la claridad del legislador y no la confusión normativa. De manera que sólo si, en el ordenamiento jurídico en el que se insertan y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma contenida en dicho texto infringiría el principio de seguridad jurídica (por todas STC 100/2012, de 8 de mayo , F. 10).
Pues bien, tampoco desde dicha perspectiva puede advertirse una contradicción con elart. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)de la norma cuestionada, que articula el objetivo perseguido mediante la revisión del incremento salarial aplicable a los empleados públicos en el correspondiente ejercicio presupuestario a través de la modificación no retroactiva de la disposición que lo establece, que es la Ley de presupuestos, sin generar confusión o duda alguna acerca de la conducta exigible para su cumplimiento, ni tampoco incertidumbre sobre sus efectos».
DECIMOQUINTO .-  En cuanto a la alegación relativa a la irretroactividad normativa, el auto del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 162/2012, de 13 septiembre (LA LEY 148900/2012) , inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto del artículo único de la Ley 7/2010, de 15 de Julio (LA LEY 15060/2010), de la Comunidad Autónoma de Canarias (que redujo un 5 por 100 las retribuciones del personal), modificando la Ley 13/2009 y el art. 33 de la Ley 11/2010 , argumentando: 
«Para el órgano judicial promotor de la cuestión el art. 33.2 de la Ley 11/2010 sería inconstitucional porque, si bien incorpora el efecto automático y por mandato legal de la reducción salarial a la que se refiere la norma estatal básica, lo hace a destiempo, incidiendo en retribuciones devengadas en un ejercicio presupuestario ya vencido y que constituyen la contraprestación de trabajos ya realizados por el personal afectado. Se trata -según el órgano judicial- de una regulación que afecta a situaciones ya perfeccionadas, esto es, no se trata de meras expectativas de derechos sino de derechos adquiridos, que son alterados en forma desfavorable para sus titulares mediante una minoración de retribuciones ya devengadas e incluso percibidas, que se han incorporado al patrimonio de los trabajadores afectados, los cuales resultan de este modo perjudicados por una norma con efectos retroactivos, en contra del principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales, enunciado en elart. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978).
Sin embargo, en contra de lo razonado por el órgano judicial, no puede apreciarse que la norma cuestionada posea alcance retroactivo, como acertadamente señala el Fiscal General del Estado. La Ley 11/2010 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Canarias» (1 de enero de 2011) y su art. 33.2 determina que la reducción del 5 por 100 (o la que resulte necesaria para alcanzar este porcentaje de minoración) de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina del personal laboral de las fundaciones públicas, vigentes a 31 de diciembre de 2010, lo es «con efectos de 1 de enero de 2011», en el caso de que, antes del comienzo del año 2011, no se hubiera hecho efectiva, en todo o en parte, mediante la negociación colectiva, la reducción de retribuciones que dispuso el art. único, apartado 2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010 (LA LEY 15060/2010), por la que se modifica la Ley 13/2009 (LA LEY 24158/2009), de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010.
El art. 33.2 de la Ley 11/2010 se aplica, pues, a las nóminas del personal laboral de las fundaciones públicas canarias que se abonen a partir de su entrada en vigor, esto es, a partir del mes de enero de 2011, por lo que no puede admitirse que la norma cuestionada incida en retribuciones devengadas, e incluso percibidas, correspondientes a un ejercicio presupuestario ya vencido. Por tanto, no cabe entender que la norma cuestionada vulnere el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales (art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)), toda vez que la Ley 11/2010 no establece que tenga efectos retroactivos, y las Leyes carecen de efectos retroactivos si no disponen lo contrario (art. 2.3 del Código civil (LA LEY 1/1889)).
Como ya dijo este Tribunal en relación con elart. 1.2 del Real Decreto-Ley 8/2010 (LA LEY 10524/2010), se ha de rechazar que la reducción de retribuciones impuesta por dicho precepto afecte al derecho de propiedad de los empleados públicos o al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)), pues esa reducción de retribuciones «lo es con efectos de 1 de junio de 2010 respecto de las retribuciones vigentes a 31 de mayo de 2010, esto es, afecta a derechos económicos aún no devengados por corresponder a mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio público y, en consecuencia, no se encuentran incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de derechos adquiridos de los que los funcionarios hayan sido privados sin indemnización (art. 33.3 CE (LA LEY 2500/1978)), ni de una regulación que afecta retroactivamente a derechos ya nacidos. Por la misma razón ... ha de descartarse que la reducción de retribuciones impuesta por el art. 1 del Real Decreto- Ley 8/2010 quiebre el principio de protección de la confianza legítima, en cuanto manifestación del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)...)
Por la misma razón ha de descartarse en el presente caso la pretendida infracción del principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales proclamado en elart. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978), si se atiende a que la reducción de retribuciones impuesta por el precepto autonómico cuestionado, en cumplimiento de la norma estatal básica, lo es con efectos de 1 de enero de 2011 (fecha de entrada en vigor de la norma) respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, esto es, afecta a derechos económicos aún no devengados por corresponder a mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio y, en consecuencia, no se encuentran incorporados al patrimonio de los trabajadores al servicio de la fundación pública demandada en el proceso a quo. No cabe, por tanto, hablar de retroactividad, al tratarse de una regulación pro futuro».
DECIMOSEXTO .-  A la vista de los citados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, forzoso es llegar a las conclusiones siguientes en relación con el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) : 
1) No es dable sostener que se haya producido una expropiación. La disminución del salario que un trabajador va a percibir en el futuro, establecida por una norma con rango de ley, de forma que el empleado prestará servicios por un salario inferior al preexistente, no constituye expropiación alguna porque dicho salario futuro no se ha llegado a incorporar a su patrimonio: no se ha privado a estos trabajadores de ninguna propiedad privada sino a lo sumo de la mera expectativa de percibir un salario superior al que finalmente les ha sido abonado, lo que queda extramuros del art. 33.1 CE (LA LEY 2500/1978) , que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Por la misma razón, esta supresión de una paga extra no devengada, no vulnera el principio de protección de la confianza legítima, que constituye una manifestación del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) . 
2) Tampoco se ha creado un impuesto. Los arts. 33.1 (LA LEY 2500/1978) y 133.1 CE (LA LEY 2500/1978) , citados por la parte recurrente, se refieren a los tributos. Sin embargo, el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) no establece tributo alguno: se trata de una norma retributiva, no tributaria, que afecta a los gastos de los presupuestos generales del Estado, no a los ingresos, no siendo dable equiparar unos y otros. 
3) En cuanto a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos debe tenerse en cuenta que no se trata de un acto unilateral de la Administración sino de una norma con rango de ley dirigida a modificar la regulación jurídica, debiendo centrarse este análisis en verificar si se establece una discriminación o si carece de toda explicación racional, lo que supondría una arbitrariedad, bastando con que una norma legal posea una finalidad legítima y racional y que el medio adoptado no sea discriminatorio, para que quede ahí agotado el enjuiciamiento de su posible arbitrariedad.
No cabe afirmar que el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) carezca de toda explicación racional. Al igual que en el supuesto enjuiciado por el citado auto del Tribunal Constitucional, en Pleno, nº 193/2012 , concurría una adversa situación económica que imponía la necesidad de controlar el déficit público, no pudiendo considerarse irracional una norma cuyo objeto era reducir una de las más importantes partidas del gasto público, lo que constituye una finalidad legítima, tratándose de una opción de política legislativa razonablemente dirigida a la consecución del citado objetivo. 
4) La parte recurrente alega que se ha vulnerado el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) porque se aplica esta medida únicamente al personal del sector público, que soporta un sacrificio mayor que el resto de los ciudadanos para la satisfacción de los intereses públicos. 
Con el debido respeto a los demandantes, solo desde el desconocimiento de la realidad social puede afirmarse que el sacrificio de los empleados públicos en el devenir de esta crisis económica ha sido superior al de los trabajadores de la empresa privada. La mayor parte de la destrucción de puestos de trabajo se ha producido en el sector privado, en el que se han producido disminuciones de salarios en porcentajes muy superiores al de autos, amparadas por instituciones legales como la modificación sustancial de condiciones de trabajo o los descuelgues de condiciones de trabajo. A juicio de esta Sala, se trata de dos términos de comparación no homogéneos: los empleados públicos, que se rigen por su propio marco legal, y los trabajadores de las empresas privadas, sin que la disminución salarial impuesta a los primeros consistente en la privación de una de sus dos pagas extraordinarias, vulnere el art. 14 CE (LA LEY 2500/1978) puesto que se trata de situaciones subjetivas que no son equiparables. 
5) En cuanto al principio de seguridad jurídica, el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) articula el objetivo perseguido relativo a la consolidación fiscal mediante la disminución parcial de la retribución de los empleados públicos a través de la inaplicación parcial de la LPGE (LA LEY 11690/2012), sin generar confusión o duda alguna acerca de la conducta exigible para su cumplimiento, ni tampoco incertidumbre sobre sus efectos, debiendo concluir que no se ha vulnerado la seguridad jurídica, entendida como la certeza sobre la normativa jurídica aplicable y los intereses jurídicamente tutelados: como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. 
6) Tampoco puede considerarse que esta norma tenga alcance retroactivo porque entró en vigor el 15-7-2012 y se aplica, rectamente interpretada, a las pagas extras de diciembre de 2012 devengadas con posterioridad a esta fecha, afectando a retribuciones posteriores a su entrada en vigor, por lo que no vulnera el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales ( art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) ): afecta a derechos económicos aún no devengados que no se encuentran incorporados al patrimonio de los trabajadores. 
3. Pretensión principal: dejar sin efecto la práctica empresarial consistente en no pagar la paga extraordinaria de diciembre
DECIMOSÉPTIMO .-  La parte actora solicita que se deje sin efecto esta práctica empresarial, argumentando que la supresión de la paga extraordinaria de diciembre no está justificada porque vulnera: 1) los arts. 66.2 (LA LEY 2500/1978) y 134 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con la LPGE para 2012 (LA LEY 11690/2012) y los arts. 86.1 (LA LEY 2500/1978) y 9.3 CE porque el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) suprime la paga extra prevista en la LPGE (LA LEY 11690/2012), violando esta norma legal; 2) los arts. 28 (LA LEY 2500/1978), 7 y 37.1 CE (LA LEY 2500/1978) ; los arts. 2.1.a (LA LEY 2063/1985) ) y b ) y 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LA LEY 2063/1985) ; el art. 15.b) de la Ley 7/2007; los Convenios 151 y 154 de la OIT y el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995) , puesto que se deja sin efecto un convenio colectivo estatutario; 3) el art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) , al vulnerarse la prohibición de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, así como la quiebra del principio de seguridad jurídica y de confianza legítima; y 4) el art. 33.3 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (LA LEY 16/1950) de 1950, interpretado a la luz del art. 10 CE (LA LEY 2500/1978) ; así como del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) , restringiendo derechos individuales, como el derecho a la propiedad privada y vulnerando los derechos de los trabajadores retroactivamente. 
DECIMOCTAVO .-  1) Respecto de la denuncia relativa a la vulneración de los arts. 66.2 (LA LEY 2500/1978) y 134 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con la LPGE para 2012 (LA LEY 11690/2012) y de los arts. 86.1 (LA LEY 2500/1978) y 9.3 CE, basta remitirse a los fundamentos de derecho sexto y séptimo de esta sentencia, los cuales argumentan, en síntesis, que la reserva material de la LPGE (LA LEY 11690/2012) no excluye que otras normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y destino del gasto público autorizados en dicha ley , siempre que concurran circunstancias excepcionales, como acontece en el caso enjuiciado. 
2) En cuanto a la alegación de que se han vulnerado los arts. 28 (LA LEY 2500/1978), 7 y 37.1 CE (LA LEY 2500/1978) ; los arts. 2.1.a (LA LEY 2063/1985) ) y b ) y 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LA LEY 2063/1985) ; el art. 15.b) de la Ley 7/2007; los Convenios 151 y 154 de la OIT y el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995) , nos remitimos al fundamento de derecho octavo de esta resolución judicial, que recoge una pluralidad de pronunciamientos jurisprudenciales y del Tribunal Constitucional que sancionan la prevalencia de la ley sobre el convenio colectivo. 
3) También se ha abordado y resuelto en los fundamentos de derecho decimotercero a decimosexto la denuncia referente al art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) , por vulnerarse la prohibición de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, así como la quiebra del principio de seguridad jurídica y de confianza legítima. 
4) Por último, los argumentos relativos al art. 33.3 CE (LA LEY 2500/1978) en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (LA LEY 16/1950) de 1950, interpretado a la luz del art. 10 CE (LA LEY 2500/1978) ; así como del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) , han sido resueltos en los fundamentos de derecho decimotercero, decimocuarto y decimosexto de esta resolución judicial, a los que nos remitimos. 
En definitiva, esta Sala ya ha examinado estas cuestiones al abordar la pretensión relativa a la interposición de una cuestión de inconstitucionalidad, por lo que, para evitar reiteraciones, nos remitimos a los fundamentos anteriores, de los que resulta que el Real Decreto-ley 2072012 no vulnera los citados preceptos.
En el mismo sentido de rechazar que el art. 2 del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012) vulnere la CE se han pronunciado: 1) el TSJ de Castilla y León con sede en Valladolid, en sentencia nº 943/2013, de 15 de mayo ; 2) el TSJ de Madrid, Sección 5º, en sentencias nº 1133/2012, de 14 de diciembre ; nº 244/2013, de 15 de marzo y nº 351/2013, de 22 de abril ; 3) el TSJ de Murcia, en sentencia nº 588/2013, de 3 de junio ; y 4) la Audiencia Nacional, en sentencias de 17 de abril de 2013, recurso 71/2013 ; 22 de abril de 2013, recurso 69/2013 ; 30 abril 2013, recurso 87/2013 ; 10 mayo 2013, recurso 110/2013 ; 20 mayo 2013, recurso 123/2013 ; 22 mayo 2013, recurso 109/2013 ; 30 mayo 2013, recurso 132/2013 y 21 junio 2013, recurso 226/2013 , entre otras. 
4. Pretensión subsidiaria: abono parcial de la paga extraordinaria
DECIMONOVENO .-  Como pretensión subsidiaria se solicita que se reconozca a los trabajadores afectados por este conflicto colectivo el derecho a percibir la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 por el periodo del 1 de junio al 14 de julio de 2012. 
Esta cuestión ha sido abordada y resuelta en los fundamentos de derecho décimo, undécimo y duodécimo de esta sentencia, a los que nos remitimos en aras de la brevedad, argumentando, en síntesis, que la parte proporcional de la paga extra que en el momento de entrar en vigor de la norma ya se ha devengado, formando parte del patrimonio de los trabajadores, pendiente únicamente de ser abonada, no resulta afectada por el Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012), por lo que debe estimarse la pretensión subsidiaria, reconociendo a los trabajadores afectados por la presente demanda de conflicto colectivo el derecho a la percepción de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 devengada durante el periodo de 1 de junio al 14 de julio de 2012, el día antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 (LA LEY 12543/2012).
En atención a todo lo expuesto hemos dictado el siguiente
FALLO

Desestimamos la pretensión formulada por la Federación de Servicios Públicos, integrada en la Unión General de Trabajadores (UGT) y por la Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF) consistente en que se eleve cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 2 (LA LEY 12543/2012) , 3 (LA LEY 12543/2012) y 7 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (LA LEY 12543/2012) , desestimando la pretensión principal de que se deje sin efecto la práctica llevada a cabo por Aragonesa de Servicios Telemáticos consistente en el no abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 y estimando la pretensión subsidiaria, reconociendo a los trabajadores afectados por la presente demanda de conflicto colectivo, el derecho a la percepción de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 por el periodo de 1 de junio al 14 de julio de 2012, condenando a Aragonesa de Servicios Telemáticos a estar y pasar por estas declaraciones. 
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:
- Contra esta resolución cabe recurso ordinario de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que deberá prepararse en el plazo de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, bien mediante manifestación de las partes o de su Abogado o representante, al hacerle la notificación de la presente, de su propósito de entablarlo, o por comparecencia o por escrito de las partes o de su Abogado o representante, dentro del mismo plazo, ante esta Sala.
- En el caso de que quien pretendiera recurrir no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviera exento de la consignación o aseguramiento, deberá, al momento de preparar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto), debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso de casación".
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.